Pretender vivir en
democracia obedece a la participación directa o indirecta de toda la población,
desde las máximas autoridades de gobierno hasta el ciudadano más apartidista y desinteresado,
obedece también, a que todos apostemos por un Durango en crecimiento y poco a
poco logremos consolidar una mejor calidad de vida de la población actual así
como de las generaciones futuras.
Para facilitar estas acciones
colectivas, el estado entendido como forma de organización dispone de una serie
de herramientas fundamentales donde se asegure una sociedad democrática,
prevalezca el estado de derecho y donde se retome el camino a un desarrollo equitativo
de sus habitantes. Las leyes resultan ser las herramientas más efectivas en la
persecución de tales fines y estas a su vez se ven cristalizadas en el
documento más preciado y de mayor jerarquía; la constitución.
De esa magnitud es la
importancia de nuestra carta magna, así como de sus alcances y trascendencia
futura, pero también de esa misma magnitud es obligatoria su constante
modernización a la par de las necesidades actuales y de las nuevas formas de
pensar y de actuar de la sociedad duranguense. Durango está en constante cambio
y así deben estar nuestras leyes.
Esta fue la motivación
del Sr. Gobernador Jorge Herrera Caldera, así como del presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado: Apolonio Betancourt Ruiz y del
presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado: Adrián Valles
Martínez, para reformar los 131 artículos de la constitución local y adicionar 52
artículos más a la misma. Dando lugar así a un acontecimiento trascendente para
la vida pública de los duranguenses, pues desde 1917 no se tenía una reforma constitucional
como la que hoy han logrado los tres poderes con la participación de los
diferentes grupos de la sociedad duranguense y especialistas en la materia.
Precisamente en ese
contexto de participación ciudadana buscando reformar íntegramente la
constitución local, es como convergen nociones jurídicas tan novedosas que
ningún otro estado de la república ha logrado fijar; en su artículo 42 establece
la obligación del Gobierno a impulsar la promoción del desarrollo económico
sustentable, de la misma forma el
artículo 47 establece que para el seguimiento y evaluación de los objetivos
contenidos en los instrumentos de planeación –ahora indispensables para la
labor institucional– las acciones estarán conducidas por un nuevo Órgano
Autónomo denominado “Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado
de Durango”. Además, se registran avances en el tema de la equidad de género,
al establecer la obligación del gobierno
para alcanzar la plena equidad entre hombre y mujer. Se establece el derecho de
réplica. Se hace obligación del Estado a establecer políticas para la protección
contra el desempleo –un gran avance en materia de seguridad social–. Se reduce el
número de diputados que integran el Congreso Local –se plantea una composición
de 25 diputados, siendo electos 15 de mayoría relativa y 10 por el principio de
representación proporcional–. Se eliminan los periodos de sesiones del Congreso
para que trabaje permanentemente. Se crea el Tribunal Laboral Burocrático. Se establece
pensión universal para personas mayores de 65 años. Se modifica la denominación
a “Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales”. Se establece el derecho ciudadano de acceso a internet y
tecnologías de información y comunicación. Nace la Comisión Anticorrupción del
Estado de Durango y se crea el Consejo Estatal de ética Pública como un órgano
de carácter interinstitucional, entre muchas otras cosas más.
Estas premisas contenidas
en la reforma integral a la Constitución local, funcionan como base para
expedir las normas secundarias que servirán para regular el actuar de los
ciudadanos y de las instituciones emanadas.
Al expedirse esta
“Nueva Constitución” como ha tenido a bien decir nuestro señor Gobernador Jorge
Herrera Caldera se cumple de forma innovadora y avanzada la necesidad de ir a la
par con los cambios que está teniendo nuestra sociedad y nuestro Estado.
Estos cambios de la
realidad y las nuevas aspiraciones del pueblo duranguense, alentadas por la modernización
de su marco legal harán una nueva arquitectura institucional para la toma de
decisiones públicas donde se establezcan mecanismos más eficientes y el aparato
del estado transforme esas decisiones públicas en acciones de gobierno, solo
así se podrán afrontar las necesidades y retos de un nuevo siglo.
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