Muchos han de recordar aquellos momentos de la infancia en
que se asistía inexplicablemente puntual al jardín de niños, con una edad promedio de 4 años, empezaba
el mundo académico para la mayoría aún con cierto grado de “libertad”. Pocas
responsabilidades; mediáticamente dibujar, colorear, jugar, y porque no,
estimular la creatividad. –Quiero pensar que la última-.
Aquella realidad era en todo sentido confortable, una vida placentera limitada por nuestras condiciones de pensabilidad, que necesariamente nos aislaban en nuestro mundo de diversión interminable. Pero todo en este mundo tridimensional es contingente, y esa etapa desafortunada o afortunadamente llego a su fin. Todos abonaron por continuar sus estudios –hay que enfatizar el rotundo éxito de nuestro sistema educativo, puesto que, de cada 100 niños que egresan de prescolar, 100 se incorporan a la escuela primaria- y así continuar su travesía por la vida académica.
Pero el tema que me ocupa no necesariamente es el de nuestro competitivo, ejemplar y eficiente sistema educativo, -el cual, si fuera de mi competencia lo abordaría extensamente-. Te preguntarás; ¿Cuál es entonces? Bueno, resulta que dentro de nuestro “codiciable” sistema educativo, –que reitero, no quiero hacer mucha alusión-. de cada 100 personas que egresan de primaria, solo 21 terminan su preparatoria, un dato verdaderamente preocupante, y no lo digo preocupante por el hecho de que en pleno siglo XXI no existan las condiciones para que en un país “subdesarrollado” se garantice el derecho a la educación básica, –habrá de recordar que según lo dispuesto en nuestra grundnorm, el nivel medio superior es, ahora educación básica -. sino lo que conlleva que cerca del 80% de los mexicanos no terminen sus estudios.
Los ciudadanos de valor –que existen y muchos- se integrarán al mercado laboral (legal), pero los mexicanos corrompidos buscarán el auxilio pronto y factible, integrándose así a todo tipo de acto jurídicamente prohibido (ilegal), y cuando a estos tarde o muy tarde respondan ante la “justicia” mexicana, irán –si es que penalmente así se requiere- a uno de los 429 Centros de Readaptación Social (CERESO) distribuidos a lo largo y ancho de la República, dónde lamentablemente, habrán de perfeccionar sus técnicas y estudiar las aún no aprendidas.
Porque el problema más allá de las pocas políticas en la
prevención del delito, reside en las condiciones con las que operan los penales
en México; evidente ingobernabilidad, innegable hacinamiento o sobrepoblación,
enorme insalubridad, nula vigilancia y violación constante a los derechos
fundamentales de los reclusos.
Resultan ser en principio, un espacio de poca reglamentación y una administración que simplemente no existe, y cuando no hay administración, no se provee a los internos, de lo más indispensable para su subsistencia, los lugares en que cumplen su “pena” se vuelven lugares inhabitables, y esas condiciones absolutamente deplorables hacen que en todo momento se vean vulnerados sus derechos elementales como seres humanos. Es entonces, cuando estos supuestos centros de “readaptación”, se convierten en efectivos centros de “reinadaptación”.
Lo peor aún, sin administración, no hay control, se carece de vigilancia y de dirección, de ahí la ingobernabilidad. Los penales en México adoptan una persona física con facultades autónomas; no hay departamento, ni autoridad, ni siquiera estructura que lo rija, ahí es cuando sus reclusos con pena -o, sin pena-, parecen encontrarse en un perfecto; jardín de niños, sin mayor responsabilidad que la de “vivir” en lo que sus condiciones de culpabilidad lo permiten.
México necesita un sistema penitenciario, –en la misma magnitud que los otros- eficaz y trasparente, pero para ello es imprescindible una estructura normativa, donde en principio se deje atrás el sujeto presuntamente “culpable” y se reconozca la figura del sujeto presuntamente “inocente”, porque ese presunto inocente habrá de ocupar una celda que no le corresponde, habrá de vivir en pena. Y en segundo término, reconocer la incapacidad financiera y de movilidad del Estado, para con el sistema penitenciario, en ese sentido, será inevitable la intervención del capital privado que provea de mejoras sustantivas a su administración, que eficiente los recursos, pero sobretodo, cumpla con el objetivo de todo centro de readaptación: reeducar al individuo para su inserción en la vida social.
Ever Sánchez Rodríguez