Menos política, más ciudadanía.

Durante los últimos años la sociedad que exige mejoras al sistema político y de representación actual, ha criticado –con justas razones– la transición de una evidente concentración de poder en una sola persona –que se vio cristalizada en un presidencialismo casi dictatorial– a un simulado equilibrio del poder personalizado por una autocracia colegiada y formalmente aceptada: la partidocracia. 

Los partidos políticos son los que controlan la supuesta democracia de representación en nuestro país, asemejándose a un monopolio que establece, suprime y dirige el “mercado político”, siendo que todo monopolio no resulta positivo ni equilibrado, también el ejercicio del poder público en nuestro país se encuentra en un estado de poca efectividad, nula soberanía popular y decadente clase política. En gran parte esta concentración de voluntades se debe a los antecedentes de innumerables agrupaciones políticas, a la declaración de ideologías concretas, pero también se debe a la falta de una cultura democrática en todos los sectores, que depare una mejora de la calidad de vida de los mexicanos y se establezca como pilar fundamental para consolidar un estado plural, transparente, pero sobretodo eficaz en sus fines.

Resulta indispensable puntualizar, que la mayor causa de este gigantesco “monopolio político” se visualiza en el propio ordenamiento jurídico, pues si bien en la constitución política de nuestro país no se dispone expresamente de los medios y/o mecanismos “exclusivos” para aspirar a cargos de elección popular, el artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales menciona tácitamente lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Y es por este motivo que tal “exclusividad” ha originado que los aspirantes a cargos de elección popular federal solo puedan definirse mediante previa selección en cada uno de sus fracciones partidarias. 

Y es entonces cuando los partidos políticos haciendo uso de su derecho conferido por ley, interinamente regulan los procedimientos de elección para dirigentes y candidatos, lo que origina un alto grado de concentración del poder en la cúpula del partido y hace imposible la inclusión de los ciudadanos en dichos procesos de elección.

Otras nociones jurídicas que han privilegiado el acaparamiento del poder público en nuestro país, es la designación de candidatos a cargos de representación proporcional, que si bien resultan una herramienta indispensable para el equilibrio de las fuerzas políticas-partidarias y el reconocimiento de las minorías, han contribuido a fortalecer las voluntades cupulares de los partidos y el abuso de este recurso a consolidado la desconfianza –por demás acrecentada– de los ciudadanos con respecto al aparato gubernamental y sus instituciones.

Al pretender fracturar dicho acaparamiento del poder y hacerle frente el “monopolio político” que contrala el mercado, las candidaturas independientes, las que se gestan desde la cuna ciudadana y las que defienden verídicamente el interés del electorado, resultan ser, si bien no una panacea del sistema representativo, si un gran avance en materia de participación y consolidación de la democracia en nuestro país.

Sugieren ser las candidaturas independientes, la posibilidad de cualquier ciudadano para aspirar de manera directa a ocupar un cargo de elección popular, sin la necesidad de atravesar por los múltiples requisitos y procesos internos establecidos por las militancias partidarias para designar a sus candidatos. A través de esta figura electoral, los ciudadanos pueden ejercer el derecho a ser votado, puesto que en una democracia el ser humano tiene el derecho inherente, universal e inalienable de postularse a los cargos públicos.

En la actualidad existen algunos países del continente que reconocen las candidaturas independientes como Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Si bien en nuestro país, se reconoce la figura de las candidaturas independientes según la fracción II del artículo 35 constitucional que expone a pie: “Son derechos del ciudadano […] El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación” al igual que en la fracción I del artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Durango vigente que establece; “Son derechos de los ciudadanos y ciudadanas duranguenses […]I. Solicitar su registro de candidatura de manera independiente ante la autoridad electoral, cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley.”  Además se cuente con la aprobación por la que se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 constitucional que expone: “Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizaran que […] o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de la Constitución”.  

Aún se establezca en la dirección correcta esta legislación, en la práctica no se disponen de los medios materiales y personales propagandísticos propios de un partido, ni cuentan con una relación básica de votantes. Por lo que la reforma política prevé tales inconvenientes a efecto de garantizar los derechos y prerrogativas de los candidatos independientes en lo que se refiere al financiamiento y a los tiempos en radio y televisión refiriéndonos al inciso e) de la fracción III, apartado A del artículo 41 constitucional que expone a pie: “El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto”  

La reforma político-electoral considera precisamente las candidaturas independientes como parte del engranaje de la maquinaria gubernamental y no como una institución aislada. Porque finalmente, la circunstancia de haber sido elegido partiendo de una candidatura independiente no es limitante para construir pactos con otros personajes y generar gobierno, además, la misma circunstancia de no depender de un partido político podrá facilitar las decisiones en sentidos determinados.

Con lo anterior, estimo la búsqueda para que los partidos políticos sean –como lo señala la constitución– organizaciones de ciudadanos y en ese sentido sean imprescindibles tanto los candidatos independientes como los partidos políticos para contender por cualquier cargo de elección popular. Solo así se podrá garantizar una democracia representativa –y “deliberativa” como sugiere la reforma– en la que las decisiones estatales le sean devueltas a la ciudadanía.

Ever Sánchez Rodríguez 

INEGI: Los retos por cumplir

Sostener la difícil responsabilidad de elaborar y publicar los índices de precios al consumidor, de fortalecer el marco geo-estadístico, además de elaborar y mantener actualizado la cantidad de viviendas en nuestro país responde a una tarea de planeación y ejecución muy extensa, en la que todos los participantes deben de sumar voluntades que produzcan cifras concretas, pero sobretodo reales. 

La tarea del Instituto Nacional de Estadística y Geografía desde su creación el 25 de enero de 1983 ha estado ligada precisamente a estos fines, y sus resultados –sobretodo cuantitativos– han sabido satisfacer la necesidad de información y estadística para las y los mexicanos interesados.

Hoy por hoy, la información que brinda el INEGI ha servido en la toma de decisiones políticas, jurídicas, empresariales, académicas y/o de investigación y ha generado un marco de referencia muy amplio para captar, procesar y difundir la información acerca del territorio, la población y la economía mexicana. 

De la misma forma, uno de los objetivos más profundos del INEGI es lograr que la información proporcionada a la sociedad y al Estado, tenga validez en el tiempo (pertinencia), proporcione una semejanza con la realidad (veracidad) y sobretodo cumpla con las exigencias coyunturales (oportunidad). Para tales efectos, sus atribuciones más directas según la normatividad son; producir información estadística y geográfica, prestar el servicio público de información, promover el conocimiento y uso de la información y conservar los datos que se ha proporcionado. 

Siendo uno de los principios rectores y de cumplimiento estricto la protección de datos personales y la conservación de la información, es menester mencionar la posibilidad de cualquier ciudadano interesado para acceder a la información de forma gratuita a través del Servicio Público de Información del INEGI, pues los datos se integran en distintos subsistemas o temáticas para su organización y que considero importante exponer; el subsistema nacional de información económica que proporciona estadísticas sobre ciencia y tecnología, información financiera, precios y el trabajo. El subsistema nacional demográfico y social que brinda información sobre la población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y pobreza. El subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. En el ámbito geográfico proporciona datos sobre límites costeros, a nivel municipal, estatal e incluso internacional, datos de relieve continental, insular y submarino, datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, así como en el tema medioambiental sobre agua, suelo, flora, fauna, atmósfera, entre muchos otros indicadores de interés general que en función de su mutabilidad están constantemente actualizados. 

La información estadística y geográfica que ha producido –y seguirá produciendo– este importante organismo ha contribuido a establecer una planeación a corto, mediano y largo plazo, que procure el desarrollo en todas las esferas y además que permita a las autoridades y representantes evaluar los resultados bajo un apego estricto a la información que incentive la toma de decisiones.

La importancia de esta información está también ligada al fomento de investigaciones académicas realizadas en instituciones de educación superior y medio superior que puedan incursionar en el entendimiento de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales del país y su relación con otros factores. 

Los fines más últimos de esta organización responden a las necesidades inherentes de los seres humanos para abstraer información de cualquier tipo, y cuya exigencia va cambiando al pasar de los años. En la actualidad, la sociedad mexicana apremia de nuevos y adecuados conocimientos, lo que hace 10 años la población mexicana solicitaba, hoy probablemente no le sea requerido, debemos entender entonces la naturaleza del INEGI como una institución autónoma, en constante cambio y que responde al devenir histórico de la sociedad.

No sería legítimo comentar que el INEGI ha incumplido con las exigencias de los mexicanos en cada momento histórico, mi tarea consiste en reconocer la labor y el sentido siempre oportuno del organismo para conservar informada a la ciudadanía, y enaltecer los grandes momentos en los que la información brindada a facilitado la labor institucional y ha generado un marco de referencia para su posterior consulta de servidores públicos, estudiantes, investigadores, empresarios, etc. 

El futuro de este organismo es prominente y existen en su planeación interinstitucional proyectos para fortalecer las estadísticas medioambientales y los avances –o los retrocesos–en materia de equidad de género, igualmente, el organismo está considerando los mecanismos necesarios para hacer más exactas las estadísticas agropecuarias y sea posible establecer censos en cada uno de los campos agrícolas, a efecto de recopilar información pertinente y brindar un panorama sobre la situación de las actividades primarias en nuestro país.

El INEGI, ha considerado la oportunidad –como lo ha venido haciendo por más de 30 años– de contribuir al desarrollo del país mediante la captación, procesamiento y difusión de la información al buscar modernizar el catastro rural y urbana e incluir las zonas de alto riesgo para la prevención de desastres. 

Una tarea necesaria que se le avecina a este tan importante organismo es la implementación de acciones conjuntas con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para establecer una sinergia con las estructuras, y fortalecer los lazos cooperativos que procuren un intercambio de información, mejoren la movilidad y mantengan actualizado los datos sobre temas como la pobreza, el índice de bienestar social, los niveles de marginación y la evaluación a los programas y políticas en materia de Desarrollo Social.

Porque lo que no se pueda medir, no se pueda mejorar y mientras contemos desafortunadamente con 53.3 millones de personas en pobreza,  7.4 millones de mexicanos en pobreza alimenticia, 19.2% de personas en rezago educativo, 6.9% de mexicanos sin saber leer ni escribir,  13% de personas con estudios de educación superior, cerca de 8 millones de ninis y 120 mil duranguenses en situación precaria, la exigencia para quien dirige las decisiones gubernamentales residirá en orientar las correctas políticas públicas, establecer los medios legales y emprender las acciones suficientes para mitigar tales indicadores –nada satisfactorios– y en la que después de tanta información, los que dispongan la frialdad de los números sea en lo más intrínseco, el bienestar de las familias.

Ever Sánchez Rodríguez

Normas modernas, para un estado moderno.

Pretender vivir en democracia obedece a la participación directa o indirecta de toda la población, desde las máximas autoridades de gobierno hasta el ciudadano más apartidista y desinteresado, obedece también, a que todos apostemos por un Durango en crecimiento y poco a poco logremos consolidar una mejor calidad de vida de la población actual así como de las generaciones futuras. 

Para facilitar estas acciones colectivas, el estado entendido como forma de organización dispone de una serie de herramientas fundamentales donde se asegure una sociedad democrática, prevalezca el estado de derecho y donde se retome el camino a un desarrollo equitativo de sus habitantes. Las leyes resultan ser las herramientas más efectivas en la persecución de tales fines y estas a su vez se ven cristalizadas en el documento más preciado y de mayor jerarquía; la constitución. 

De esa magnitud es la importancia de nuestra carta magna, así como de sus alcances y trascendencia futura, pero también de esa misma magnitud es obligatoria su constante modernización a la par de las necesidades actuales y de las nuevas formas de pensar y de actuar de la sociedad duranguense. Durango está en constante cambio y así deben estar nuestras leyes. 

Esta fue la motivación del Sr. Gobernador Jorge Herrera Caldera, así como del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado: Apolonio Betancourt Ruiz y del presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado: Adrián Valles Martínez, para reformar los 131 artículos de la constitución local y adicionar 52 artículos más a la misma. Dando lugar así a un acontecimiento trascendente para la vida pública de los duranguenses, pues desde 1917 no se tenía una reforma constitucional como la que hoy han logrado los tres poderes con la participación de los diferentes grupos de la sociedad duranguense y especialistas en la materia. 

Precisamente en ese contexto de participación ciudadana buscando reformar íntegramente la constitución local, es como convergen nociones jurídicas tan novedosas que ningún otro estado de la república ha logrado fijar; en su artículo 42 establece la obligación del Gobierno a impulsar la promoción del desarrollo económico sustentable, de  la misma forma el artículo 47 establece que para el seguimiento y evaluación de los objetivos contenidos en los instrumentos de planeación –ahora indispensables para la labor institucional– las acciones estarán conducidas por un nuevo Órgano Autónomo denominado “Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango”. Además, se registran avances en el tema de la equidad de género, al  establecer la obligación del gobierno para alcanzar la plena equidad entre hombre y mujer. Se establece el derecho de réplica. Se hace obligación del Estado a establecer políticas para la protección contra el desempleo –un gran avance en materia de seguridad social–. Se reduce el número de diputados que integran el Congreso Local –se plantea una composición de 25 diputados, siendo electos 15 de mayoría relativa y 10 por el principio de representación proporcional–. Se eliminan los periodos de sesiones del Congreso para que trabaje permanentemente. Se crea el Tribunal Laboral Burocrático. Se establece pensión universal para personas mayores de 65 años. Se modifica la denominación a “Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”. Se establece el derecho ciudadano de acceso a internet y tecnologías de información y comunicación. Nace la Comisión Anticorrupción del Estado de Durango y se crea el Consejo Estatal de ética Pública como un órgano de carácter interinstitucional, entre muchas otras cosas más. 

Estas premisas contenidas en la reforma integral a la Constitución local, funcionan como base para expedir las normas secundarias que servirán para regular el actuar de los ciudadanos y de las instituciones emanadas. 

Al expedirse esta “Nueva Constitución” como ha tenido a bien decir nuestro señor Gobernador Jorge Herrera Caldera se cumple de forma innovadora y avanzada la necesidad de ir a la par con los cambios que está teniendo nuestra sociedad y nuestro Estado. 

Estos cambios de la realidad y las nuevas aspiraciones del pueblo duranguense, alentadas por la modernización de su marco legal harán una nueva arquitectura institucional para la toma de decisiones públicas donde se establezcan mecanismos más eficientes y el aparato del estado transforme esas decisiones públicas en acciones de gobierno, solo así se podrán afrontar las necesidades y retos de un nuevo siglo.

Sin escepticismos, sin hambre

Dentro de estos juicios destacan algunos cuya pretensión es descalificar (sin haber abundado en la profundidad de su contenido, en la amplitud social de su convocatoria ni en el ritmo de su aplicación) las líneas esenciales del proyecto SinHambre. Muchos de sus argumentos expresan un posicionamiento político, y soslayan ir a fondo en las cualidades del análisis y los considerandos que alimentan a este programa; lo disminuyen con calificativos infundados, debido a que falta conocer los COMO, CON QUE y PARA QUIEN. Bajo este entorno, puede ser complejo y tardado reconocer las motivaciones de quienes lo concibieron y lo diseñaron.

Por lo pronto, de lo que no hay duda es que el programa SinHambre va más allá de las políticas de emergencia o asistenciales, porque considera seriamente, las causas estructurales del hambre y la miseria; pone de manifiesto que, sin asociar el tema de la seguridad alimentaria a un conjunto de estrategias de desarrollo económico y social, garantes de mayor equidad e inclusión social, el problema se perpetuará y no logrará trascender el marco estrecho del asistencialismo.

El problema del hambre debe ser enfrentado con seriedad por todos, si en realidad deseamos cubrir la asignatura pendiente que tenemos con varios millones de mexicanos que sobreviven sin esperanza ni destino. La urgencia lo exige, Ya no es posible enfrentar los grandes problemas nacionales con un razonamiento distante y apriori; los mexicanos tenemos en el programa SinHambre una razón para incentivar nuestra corresponsabilidad, y más aún la unidad. Démonos un voto de confianza.

"POWER: ON” y el duopolio no termina...

Tal cual programa interminable de televisión, a todas horas, en todos los canales. Así es el duopolio que controla el 90% de la televisión abierta en nuestro país, y te preguntarás;  ¿Qué representa esta cifra? Menos de lo que representa controlar –completamente– el mercado, menos de ocultar o suprimir algún hecho de interés social, mucho menos de lo que representa manipular a su antojo la opinión pública.

Esta cifra va más allá, porque para nuestros males, el promedio de lectura anual por persona en México es la mitad de un libro, y en contraste, cada mexicano ve la televisión en promedio 5 horas diarias. Si hacemos cuentas son 1,825 horas al año, estaríamos viendo la televisión 138,700 horas en vida (considerando el promedio de mortalidad de 76 años) lo que equivaldría a decir que permanecemos 16 años a lo largo de nuestra vida sentados –sugestionados– frente al televisor que permanece en “ON”, dieciséis años que nuestro cerebro permanece en “OFF”.

Peor aún, por cada dos minutos de contenido no comercial, existe un minuto dedicado al interés capitalista que intenta vender algún producto o servicio, apelando sino es a nuestras necesidades a nuestro ego, con mensajes subliminales, narraciones divertidas, canciones “pegajosas”, colores llamativos, toda herramienta publicitaria a su alcance, lo que fuere, ellos solo quieren vender –y vender mucho–, así bombardean nuestro cerebro incansablemente, nos convierten en auténticos zombis al servicio de una caja de imágenes y sonidos, hipnotizados por el mandato electrónico, manipulados por lo que dicen llamar su legítima “opinión”.

Pero como lo aclare al principio, lo anterior se ve subordinado ante el duopolio existente en la industria, dos empresas en nuestro país dominan la televisión abierta, programan, opinan, difunden, suprimen a su conveniencia y a la de sus corporativos adjuntos, que en muchas ocasiones es ajena a la conveniencia social y política.

El problema no termina ahí, pasaron los sexenios y su reinado parecía intocable, las instituciones y órganos reguladores en vez de reglamentar y en su caso sancionar actuaron en complicidad, favoreciéndoles aún más sus intereses de expansión y consumación del poderoso duopolio. Este 14 de noviembre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) autorizó licitar servicios de banda ancha a empresas filiales al duopolio, aun así la Comisión Federal de Competencia (COFECO) parecería  indiferente a la licitación e irresponsable –por menos– ante la necesidad de establecer competencia en el mercado de televisión digital abierta.

Algunos podrán afirmar que la industria televisiva está en decadencia, que las redes sociales son el presente y futuro de la comunicación masiva y que pronto la televisión habrá ser un objeto de museo, la realidad en nuestro país es que la televisión hoy por hoy es un medio predominante, puesto que según datos del INEGI; el 95% de los mexicanos cuentan con una televisión en sus hogares, comparado al 22% de la población con acceso a internet. La explicación es más que obvia, no todos –sino es que la mayoría– cuenta con el recurso económico para financiar tal servicio –del que por cierto, es de los más caros en el mundo–.

Lo imperativo es entonces, más allá de incrementar el acceso a la banda ancha e internet, –regulando otro poderoso monopolio– asegurar una competencia digna en la industria televisiva abierta, que permita ofrecer al espectador una mayor diversidad de contenidos, de mejor calidad, de veracidad inobjetable, con opiniones constructivas y diversas, sin tantos “patrocinadores” de los cuáles depender.

En todo caso continuaremos hipnotizados, pero esta vez con la posibilidad de escoger el hipnotista. 

Ever Sánchez Rodríguez

La esperanza de un México mejor

Pero el pretender ser comunicador no obedece –solamente– a cuestionar, criticar y desvalorizar cada uno de los temas noticiosos políticos o de otra índole, sino en esa inercia, el informante sea capaz de crear una opinión constructiva que permita acrecentar la cosecha de las ideas y las acciones públicas, porque una vez que se da decido a externar la problemática desde su respetable punto de vista al orden público, de esa magnitud se deberá externar la solución.

Y es precisamente por este motivo, que en cada uno de mis anteriores –y posteriores–  artículos expongo una posible solución que con probabilidad habrá de superar el obstáculo –o por lo menos mitigarlo-. Por suerte, en esta ocasión el tema que abordo no concierne a una problemática en cuestión, sino por lo contrario, a una oportunidad de crecimiento económico y en consecuencia de mejora a la calidad de vida de los mexicanos.

Tal si pareciera lejana (por lo menos) la afirmación, debemos de agradecer a nuestro sistema electoral que hizo posible la tan necesaria alternancia presidencial. El pueblo de México estaba ya cansado de un gobierno de doce años, secuestrado por la tecnocracia, que prometió un cambio radical –y cumplió pero para mal–,  un gobierno que instauro sus propia leyes de beneficio burgués y desprecio en muchas ocasiones el sentir popular. Del sexenio del “cambio” –donde en palabras de Fox, habria que; “cambiar de raíz sin cambiar las raíces”–, al sexenio de la “salud”, del que paradójicamente existieron muchas más muertes.

Vimos tan rápido como una estela de luz –o una bala de alto calibre– estos últimos doce años de gobiernos panistas, como si en cuestión de segundos un experto y amañado delincuente fuera saqueado nuestros bienes, y aún perplejos, asimilemos lo deplorable de nuestra situación. Porque empezamos mal y terminamos peor.

Afortunadamente, quedamos con nuestro último y mayor bien; el del voto. Y en el retorno plasmamos fortalecidos la exigencia común; terminar con esa tiranía de doce años y dar paso a nueva forma de gobernar y de hacer política. Nuestro próximo presidente respaldado por la mayoría de los votantes abre un panorama alentador para el futuro de México, de mayor consenso social, de constante negociación con los grupos políticos, fortalecido desde su cúpula por mexicanos con un nuevo rostro y fresca mentalidad.

Solo así se podrá "descongelar" las reformas tan imperantes para el desarrollo económico y social: una reforma hacendaria o fiscal de menos tecnicismos y de mayor eficacia para la recaudación, que permita consolidar la economía gubernamental y en lo sucesivo incentive la inversión pública. Una reforma política de verdadera representación ciudadana, donde el número de diputados y senadores solo sea el indispensable. Y la más importante; una reforma energética que enfatice la necesidad de cambiar el régimen improductivo de Petróleos Mexicanos, una empresa paraestatal sin solvencia que ante la falta de capacidad para la exploración y extracción de crudo, sea inevitable la intervención del capital privado, que cumpla con las exigencias de producción, eficiente los recursos, genere empleos, pero sobretodo, incremente nuestro mezquino Producto Interno Bruto.

Porque solo con acuerdos, y una política de unidad como la venidera, se podrá trasformar el marco legal tan limitante en los últimos años y esperar de nuestro México, lo mejor.

Ever Sánchez Rodríguez